Transparencia política y prevención de la corrupción

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información acerca de las acciones que, en cumplimento de sus funciones, realizan los órganos de la Administración Pública. La Comisión considera que la difusión de la información pública es para el Estado una oportunidad de legitimar su gestión y recuperar la confianza de la ciudadanía: de allí que, desde el área de Pro Bono y Transparencia Política, se intenta que los ciudadanos tengan acceso a los temas en que trabajan los funcionarios públicos, al modo en que lo hacen y a los resultados de dicha labor.

Esta área de trabajo utiliza al recurso de amparo como su principal herramienta. En 2001, la Comisión y la Fundación Poder Ciudadano iniciaron un amparo para que los Senadores publicaran sus declaraciones juradas patrimoniales y, en 2002, un nuevo amparo con el objeto de que el Senado informe el resultado de los censos de personal (2000 y 2002) y el funcionamiento del sistema de “Módulos” (mecanismo que se utiliza para asignar fondos o remuneraciones a asesores). Como resultado de estas acciones se logró, por un lado, la reglamentación por decreto parlamentario del mecanismo para requerir información pública y, por el otro, el reconocimiento judicial de este derecho –fundado en los dispuesto por tratados internacionales de jerarquía constitucional y el derecho constitucional de peticionar antes las autoridades públicas-, aunque todavía no exista una ley que lo enuncie.

Niñez en Riesgo

La Ley nacional Nº26061 de protección integral de la niñez, reconoce como trascendental el mejor interés del niño, considerándolo titular de un interés superior que debe prevalecer ante un conflicto de derechos con terceros. Entre otros, la ley reconoce como primordiales el derecho a la vida, a la intimidad, a la identidad, a la salud, a la libertad, reconocidos previamente en la Convención de los Derechos del Niño (1989).

Esta ley procura evitar la judicialización de aquellas causas que deben ser resueltas por políticas dinámicas y eficientes del Estado. En este sentido, la ley tiende a evitar la espera de una orden judicial para que el niño tenga un entorno familiar adecuado.

Una pieza clave en este marco son las ONGs que encaran actividades de atención a niños. Ellas necesitan la coordinación y el apoyo adecuados de los organismos responsables del Estado. Cuando el Estado falla, la resolución de los casos se demora, en perjuicio del derecho del niño a la convivencia familiar.

Este escenario motiva la participación de los estudios de la Comisión, quienes en forma individual o coordinadamente entre ellos, brindan patrocinio jurídico gratuito a asociaciones de familias de tránsito que acogen niños con sus derechos vulnerados, como Familias de Esperanza, Familias Abiertas, Fundación Santa Rafaela María, Fundación Manos Abiertas y  Hogar Jesús de Nazareth.

Derecho a la Salud

Teniendo en cuenta que el Derecho a la Salud se refiere tanto al derecho de las personas a obtener cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general, detallamos algunas de nuestras intervenciones:

• Asesoramiento para la reglamentación de la Ley de Salud Mental.
• Amparo para la accesibilidad en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
• Asesoramiento legal a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y muchas de las organizaciones que la conforman, acompañando el proceso de constitución y desarrollo, de quienes nuclean a familiares y pacientes con enfermedades poco frecuentes.

 En relación a la discapacidad, se trata de una preocupación especial para esta Comisión, que hace varios años sostiene una continua defensa de sus derechos.

Es casi imposible enumerar las instancias en las que esos derechos son violados: la falta de cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga, la inaccesibilidad de espacios, la violación de los cupos laborales, son apenas unos pocos ejemplos que demuestran la generalizada “invisibilidad” que afecta a las personas con discapacidad.  Ante el desafío de abarcar un campo tal grande de acción, es frecuente que los distintos Estudios que integran la Comisión, formen equipos y trabajen en conjuntos temas relacionados con la discapacidad.

Microfinanzas y finanzas sostenibles

La Comisión presta servicios Pro Bono en temas de Microfinanzas porque ve en esta actividad una herramienta no asistencialista capaz de generar cambios estructurales: combatir la pobreza, crear empleo y generar capital social.Este sistema comprende, entre otras cosas, otorgamiento de microcréditos -préstamos otorgables sin garantía real a personas con oficio con el fin de incorporarlas a la economía productiva y de servicios-, apertura de cuentas de ahorro, otorgamiento de tarjetas de crédito y contratación de seguros.

Para ello, resulta fundamental haber podido constituir la Red Argentina de Instituciones de Microcréditos (RADIM), cuya misión es posibilitar la articulación de las instituciones del sector de las microfinanzas, el fortalecimiento de las mismas y su activa participación en el planteamiento de propuestas al Estado y a la Sociedad Civil.

Acceso a la justicia

Desde la Comisión Pro Bono llevamos adelante el Programa de Patrocinio, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El estado actual de inseguridad que aqueja a la sociedad, la crítica situación de víctimas y damnificados ante un Estado que parece relegarlos, la constante violación de derechos y garantías de personas sometidas al sistema penal, y la ineficacia y saturación del sistema judicial, dada su incidencia negativa sobre la comunidad, imponen un decidido impulso sobre este sensible sector del quehacer jurídico.

 Se propone el abordaje concreto de casos, a partir de los cuales luego buscar mejores estándares institucionales que se reflejen en políticas públicas.

Políticas de Género

Convencidos de que sin políticas de género, no hay desarrollo posible, desde la Comisión Pro Bono acompañamos a Red Viva en su lucha contra la violencia y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.

Asesoramiento a ONGs

Las ONGs se encuentran a diario con temas legales a resolver: obtener personería jurídica, modificar sus estatutos, redactar contratos y tramitar la exención impositiva ante la AFIP, entre otros. La Comisión brinda asesoramiento en estas instancias, con el fin de que las organizaciones de la sociedad civil puedan concentrarse en su trabajo sin tener que preocuparse de las cuestiones legales que las atañen. A lo largo de estos años, la Comisión viene trabajando con instituciones que actúan en los campos de la salud, las microfinanzas, la educación, la cultura y la ciencia.

Entre todos los estudios jurídicos que integran la Red Pro Bono, se han asesorado en los últimos años a más de 200 ONGs.

En el marco de esta área de trabajo, se realizó en los años 2010 y 2011 convocatorias abiertas para ONGs a los esfectos de que presenten sus solicitudes de asistencia legal, proyectos y casos pro bono.